Buenos Aires, 15 de octubre de 2014 –Es importante tener en cuenta, como primera consideración, que en todos los fueros de la Justicia, sus  administradores, esto es, los jueces fallan en el contexto de la normativa que está en manos de ellos. Por eso, no hay que enojarse, fastidiarse o indignarse. En muchos casos, decisiones judiciales que provocan indignación en la sociedad son sencillamente producto de la normativa legal vigente, porque, como no se cansan de explicar abogados, juristas y catedráticos, la Justicia se maneja con las herramientas que se pone en sus manos. Esas herramientas son, efectivamente, los códigos y la muy explícita categorización de lo que corresponde como pena a cada situación delictiva. Esto es lo que he aprendido, y tengo para mí que es un aprendizaje necesario para evitar posturas recalcitrantes, y ponerse de malhumor.

Esto que sucede, la decisión de los jueces y el hecho de que están restringidos por el contexto de las normas que manejan, excede largamente a la Justicia penal. Sucede también con la justicia laboral, en donde sopla un viento ideológico evidente: en la Argentina se ha inclinado claramente la cancha hacia un extremo hasta el punto de convertir prácticamente en delincuente potencial no solo al gran empresario, satanizado, estigmatizado y definido como buitre o chupasangre, sino incluso a muy pequeños y hasta micro pequeños emprendedores sobre los que la justicia laboral cae con una fuerza fulminante, como si se tratara de magnates que no pueden saciar su apetito de sangre de obreros.

El punto hoy se vincula con la decisión de la Cámara de Casación penal, respecto de Jorge Rodrigo Barrios, conocido por su apelativo “La Hiena”. Este ex boxeador había sido sentenciado a cuatro años de prisión en virtud de que no se consideró doloso lo que hizo en Mar del Plata el 24 de febrero de 2010. Barrios manejaba ese día una camioneta BMW –una 4x4 importada, una “máquina” imponente– a alta velocidad. En la esquina de Independencia y Ayacucho, estaba detenido por el semáforo un modesto Fiat 147. Barrios embiste a este pequeño automóvil, seguramente porque no tenía los reflejos adecuados, no los podía tener, y lo que sucede es una tragedia: atropella a este automóvil pequeño, lo impacta; el Fiat se desplaza y atropella a Yamila y a su mamá Gabriela, así como a otras dos mujeres que cruzaban por la senda peatonal. Yamila, de 20 años, estaba embarazada. Falleció ella y, naturalmente, la criatura que llevaba en su vientre.

Estuvo solo 22 días detenido. ¿Con qué indulgencia, con qué benevolencia, con qué relativismo siniestro desde el punto de vista ético se maneja cierto sector de la Justicia penal, para este tipo de personas que, lo menos que debería hacer con ellos es mantenerlos en las sombras hasta que se aclare el episodio? El 26 de abril de 2012, Barrios recupera su libertad a cambio de 200.000 pesos de caución depositados por sus familiares. Ahora, lo interesante es que la reducción que acaba de aplicar la Cámara de Casación, integrada por Ramón Sal Llargués, Carlos Ángel Natiello y Horacio Piombo, es, teóricamente, muy pequeña. Sobre cuatro años de prisión se los reduce a tres años y siete meses. O sea, le quitan cinco meses. Esto, seguramente, no lo podría demostrar, pero debe tener que ver con la mayor facilidad para recuperar rápidamente su libertad. Cuatro años es una cosa, tres años y siete meses es otra.

Pero en donde los jueces se ríen, literalmente, de la sociedad argentina, es cuando le bajan los años de inhabilitación para conducir de ocho a siete. Consideran que en 2017, dentro de dos años y medio, “La Hiena” ya estará en condiciones de conducir vehículos sin volver a matar mujeres embarazadas y sin hacer desastres por la ciudad.

Este fallo de Sal Llargués, Natiello y Piombo, forma parte de toda una trayectoria, no son improvisados. Esta gente pertenece a una concepción de la Justicia cuyo máximo héroe intelectual es Eugenio Raúl Zaffaroni. Vienen insistiendo desde hace años en una batalla infatigable dentro de lo que denominan una guerra cultural. Se trata de eliminar el prestigio y la necesidad de la punición. Esto es lo que ha pasado en infinidad de casos y para sostener el argumento, dos de los jueces, Natiello y Sal Llargués, fueron los magistrados que pusieron en libertad al ex comisario de Pinamar, Alberto “La liebre” Gómez, considerado responsable directo por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público al ser condenado por haber liberado la zona de Pinamar en donde fue perpetrado el secuestro y asesinato del inolvidable fotógrafo José Luis Cabezas.

Ahí intervino la entonces Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, y efectivamente este sujeto de la Policía, “La liebre” Gómez, quedó en libertad. Otros hechos ratifican un patrón de conducta y ratifican un modelo ideológico, toda la piedad, toda la indulgencia, toda la bonhomía para con los delincuentes, hasta los más salvajes, porque hay que tener la sangre muy fría, en el caso de “La Hiena” Barrios, para considerar que no fue con dolo lo que hizo, al llevarse puesto este auto y matar a la chica con su criatura. Para ellos, todas las consideraciones. Ha pasado en tantos otros casos ya célebres, como el del hijo de Diana Cohen Agrest, que tuvo la posibilidad, gracias a su destreza para los argumentos y a su formación académica, de hacer una campaña importante a nivel público, una campaña de esclarecimiento de dudas, para advertir que en la Argentina estábamos empeñados en seguir rodando hacia abajo rumbo a la exculpación de todos los crímenes.

Lo que hoy sucedió con Barrios, aunque sean solamente cinco meses menos de cárcel, demuestra la profundidad de una situación grave, en donde la corriente dominante de la política argentina ha expuesto un evangelio que tiende a exculpar a la gente de todas sus transgresiones, hasta las más delictivas, y básicamente ampararlas con el manto de un abolicionismo que solamente garantiza la impunidad, en una sociedad y en una década en la que se nos dijo, de la noche a la mañana, que en la Argentina se había acabado la impunidad.

Tengo malas noticias. No solo no se clausuró la impunidad sino que sigue más robusta y más vigente que nunca.

© Pepe Eliaschev