Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 - Solo con un monto muy grande de ingenuidad, tal vez una pizca de ignorancia y, casi seguramente, una importante cuota de mala fe, se puede presumir que la Asamblea General de las Naciones Unidas es un organismo que tiene verdadera capacidad ejecutiva, y cuyas resoluciones pueden impactar en la comunidad internacional. El martes 9 de septiembre, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU votó un proyecto que propone la creación de “un marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas”. Cabe preguntarse qué capacidad real tiene la Asamblea General de incidir sobre la realidad: entre poca y ninguna.

El gobierno argentino, que fue quien la impulsó, con el acompañamiento del Grupo de los 77 y la llamada República Popular China, lo presenta como una importante victoria diplomática. Efectivamente, el proyecto contó con 124 votos. La Organización de las Naciones Unidas cuenta con 193 países reconocidos; 124 de esos países votaron a favor de este proyecto, 11 lo hicieron en contra, y 41 se abstuvieron. Las cifras de estas tres categorías revelan que hubo una cantidad también importante de ausencias.

¿Quién votó, entre los importantes del mundo, a favor de la Argentina? Rusia y China. ¿Quiénes votaron en contra de este proyecto? Acá está la médula de lo que quiero significar. Es imprescindible recordar que el órgano ejecutivo por antonomasia de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, del cual cinco países son miembros permanentes y otros diez son rotativos por períodos de dos años. Cubrí extensamente durante el quinquenio de 1976 a 1981 a las Naciones Unidas, edificio frente al cual viví durante ese quinquenio, y presumo conocer con bastante certeza y precisión los mecanismos, vicios y, en todo caso, méritos de las Naciones Unidas. Uno de esos méritos no ha sido, ciertamente -por razones muy complejas vinculadas con las luchas entre las grandes superpotencias- el de la ejecutividad. Pero si algo se ha preservado en las Naciones Unidas, es que las cosas importantes pasan por el Consejo de Seguridad, mientras que la Asamblea General, en donde cada país tiene un voto, pone en el mismo lugar de importancia a los Estados Unidos y a una isla con veinte mil habitantes.

Votaron en contra de la propuesta de crear este marco legal, los Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Israel, República Checa, Australia, Finlandia, Irlanda, Hungría y Canadá. Como ejercicio periodístico y seguramente por respeto a quienes me escuchan y luego me leen, me parece importante reafirmar este elemento clave de lo que este martes 9 sucedió en Nueva York. Las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas manifiestan intenciones que casi nunca se plasman en hechos verdaderamente taxativos y explícitos. Seis de los once países que votaron en contra de la propuesta –Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Canadá y Australia- reúnen el 42% del producto bruto interno acumulado a escala mundial. Junto con los otros cinco países que votaron en contra (Hungría, Irlanda, República Checa, Finlandia e Israel) acumulan el 57%. Quiere decir que el 57% del total del producto bruto interno de los países del mundo pertenece a países que votaron en contra en el edificio de la ONU junto al East River, en la isla de Manhattan.

Es interesante advertir que de los 41 votos por la abstención, las siete más significativas (Francia, Corea del Sur, España, Italia, Holanda, Dinamarca y Austria) reúnen el 12% acumulado del producto interno bruto. Una suma muy elemental, tentativa, pero que fotografía lo que sucedió, es que el 69% del producto bruto interno a escala mundial representado en las Naciones Unidas, o votó en contra o se abstuvo de esta iniciativa, presentada por el gobierno argentino como un enorme triunfo diplomático.

Hasta aquellos que simpatizan más con esta medida reconocen y admiten que, en cualquier caso, no será retroactiva. Serviría para que en el futuro se llevara adelante algo que, personalmente, pienso que es importante, pero no con el cálculo oportunista y de corto plazo del gobierno argentino: diagramar un nuevo orden mundial consensuado que paute las realidades del sistema financiero y evite que se llegue a situaciones tan traumáticas como la que sigue atravesando la Argentina en la corte federal de Manhattan.

Todo esto le ha servido a la Presidente de la Nación para anunciar lo que ella ha denominado “un Central Park argentino”. O sea: la imitación de un espacio singularmente maravilloso –el espacio verde por antonomasia de la ciudad de Nueva York- haciéndolo en la Argentina pero con solo el anuncio de un edificio colosal. Es curioso y llamativo, además de escandaloso. Ella anuncia un edificio de más de 50 pisos enorgulleciéndose con su altura, comparándolo con otras torres neoyorquinas y sosteniendo que esto va a equivaler a un Central Park argentino. Ni una sola palabra pronuncia sobre el espacio verde por definición que es ese Central Park, uno de los parques públicos más admirables, respetados y emblemáticos del mundo.

No nos debería escandalizar, porque este tipo de improvisaciones y actos de despecho, ya los hemos conocido, como cuando anunciaron, por ejemplo, el tren bala, que a lo largo de los años ya queda, como resumen de una política de corto plazo marcadamente aventurera y oportunista. Es tan así que ese tren bala que nunca se concretó –como era previsible- ha sido puesto en la historia al mismo nivel que los viajes espaciales que, en su momento, había anunciado el entonces presidente Carlos Menem.

Esto que sucedido en la ONU, lamento mucho informar, ha sido para un show para la gilada. En los salones franceses dirían pour la gallerie. Más allá de la necesidad de ese nuevo orden legal financiero, la Argentina ha especulado de manera bastante previsible y rudimentaria, pero nada importante habrá de suceder, por la sencilla razón de que las realidades del mundo hoy indican que las naciones con verdadero poder de caja e influencia, que seguirán teniendo en los años por venir, se han manifestado, sencillamente, votando en contra o absteniéndose.

Esto es lo que se llama una victoria a lo Pirro. Algo a lo que estamos acostumbrados, cuando el Gobierno proclama triunfos que nunca existieron y se enorgullece de ganar batallas que nunca ha librado.

© Pepe Eliaschev