Buenos Aires, 04 de agosto de 2012 - El saludable debate que se está produciendo, y que debería canalizarse de la manera más civilizada y fecunda posible, en torno de la situación carcelaria en la Argentina, arranca con la revelación periodística de unos hechos que permanecían entre encubiertos y ocultos.

Cabe formularse la pregunta central, ¿es o no es legal? ¿Corresponde o no autorizar salidas especiales para fines u  objetivos, supuestamente “culturales” de presos que, no solamente son condenados sino que, inclusive, están en la condición de procesados?

Éste es el caso de Eduardo Vásquez, el baterista de la banda “Callejeros”, al que el Tribunal Oral Criminal nº 20 le había impuesto, solamente, 18 años de condena carcelaria por el homicidio agravado por el vínculo de su esposa, Wanda Verónica Taddei. En el alegato y en la explicación de la sentencia que firman Luis Fernando Niño, Patricia Mallo y Pablo Laufer, se sostiene que Vásquez obró por emoción violenta. Todos sabemos cómo fue la trágica muerte de esta mujer, quemada literalmente viva cuando su marido encendió fuego al cuerpo de ella rociado de alcohol.

Sin embargo, para el Tribunal Oral Criminal nº 20, encabezado por fervorosos e implacables defensores de los derechos humanos, como el inefable Niño, Vásquez obró bajo emoción violenta. Convengamos que no era lo que pedía la Fiscalía, pero de alguna manera era un castigo. Ahora, ya en junio del año pasado, cuando todavía no se había expedido el Tribunal, o sea, cuando se estaba sustanciando el proceso, lo autorizan a unas salidas que los propios Niño, Laufer y Mallo insisten en denominar “culturales”. En su permiso de autorización de esas salidas, sin siquiera preguntarse si la excusa de las salidas culturales era válida, Niño, Mallo y Laufer las aprueban. Descartan que fuesen objetables, como no tuvo más remedio que admitirlo el propio Raúl Eugenio Zaffaroni, que desde el punto de vista doctrinario es el ideólogo de una mirada carcelaria propicia a la mayor despenalización posible.

Acá hay un primer asunto que queda claro: efectivamente, y esto después lo reiteró el Dr. León Carlos Arslanián, lo que se hizo, estuvo mal hecho. No se debió haber hecho. No se debió haber autorizado dichas salidas para actos supuestamente “culturales” para personas que, además, tienen una responsabilidad penal gravísima. Éste es un tema doctrinario en serio, que merece ser analizado de la misma manera, con rigor, por la sociedad argentina, y que es la vinculación entre delito y castigo.

Hay una corriente de opinión claramente abroquelada en el núcleo íntimo del Gobierno propensa a relativizar la función del castigo. El castigo es para ellos una respuesta objetable a la comisión de delitos. ¿Pero qué decimos del castigo normalmente? ¿Qué hemos dicho en nuestras vidas privadas? ¿Qué se nos ha enseñado? Que el castigo alecciona, ya sea porque le indica a la gente lo que no debe hacer, intimida ante la concreción de nuevos hechos delictivos, de alguna manera le permite al agraviado, a la víctima, una suerte de “compensación”. Y que, además, protege, porque genera que estén encerrados seres humanos que han cometido hechos atroces: violaciones, homicidios, etc.

En consecuencia, acá hubo aquí una especulación política cínica. Fue cinismo puro y duro. Trataban de proteger esta estrategia del Gobierno y que avala de modo explícito la Presidente, bajo la excusa de la reinserción social. Sería la de ellos (la Presidente, sus jueces amigos) una manera piadosa, humana, compasiva e indulgente y, sobre todo, muy útil para que esos criminales se reincorporaran a la sociedad.

El Gobierno parece sostener una seudo-ideología que  practica y cuyos postulados reiteran casi todos los días sus voceros, que es el elogio a la trasgresión. Hace pocas horas nomás, Amado Boudou elogiaba las actitudes “trasgresoras” del Gobierno Nacional respecto a la deuda externa. Esta concepción de la “trasgresión” los ha llevado a avalar, como un mantra de predicación ideológica, un catecismo político, la trasgresión en todos los órdenes. Se manifiesta en que fueron capaces de armar murgas en los establecimientos penitenciarios, junto a las que desfilaron los funcionarios, disfrazados, de la mano de autores de crímenes terribles.

La liberación de los presos o la denegación del efecto carcelario, no es algo nuevo en ciertas franjas del peronismo. Hay que recordar que entre los amnistiados de 1973, cuando arrancaba el gobierno de Héctor Cámpora, también salió en libertad Aníbal Gordon, que meses más tarde fue uno de los principales verdugos de la Triple A, que se cobró la vida de centenares de militantes políticos del peronismo revolucionario y de la propia izquierda. Gordon fue uno de los que salió aquella noche del 25 de mayo de 1973, en aquella amnistía multitudinaria que se produjo en la ciudad de Buenos aires, a partir del momento que asumía el poder Cámpora.

Además, hay en todo este un mensaje moral deleznable, un agravio explícito, frontal e impune a la sensibilidad de las familias de las víctimas. Pasa con el asesino de Gonzalo Acro. Pasa con el asesino de Wanda Taddei.

¿Los murgueros del “Vatayón” han pensado en el efecto existencial, humano, sensorial, emocional, que le produce a los familiares de las víctimas, a los familiares de las violadas, de las asesinadas, ver por televisión, con impunidad y con frescura, cómo funcionarios como este Víctor Hortel, que se autodefine como orgullosamente kirchnerista y además se coloca a sí mismo el cartel de “negro de mierda”, desfilan alegremente en una murga con notados homicidas convictos?

Es un mensaje moral realmente terrible. Lo que el Tribunal Oral Criminal número 20, representado por Luis Fernando Niño, Patricio Mallo y Pablo Laufer, ha hecho es una nueva demostración de un fenómeno extendido, lamentablemente cada vez más en la justicia argentina. Se trata de la banalización del crimen, la frivolidad en las evaluaciones, la superficialidad en el concepto de qué es lo que debe hacerse y qué lo que no debe hacerse, todo en aras de un supuesto y cuestionable compromiso con políticas de derechos humanos.

Este episodio permite percibir un coletazo que lo más grave de todo. Al margen de lo que decidió, autorizó y sancionó en su momento el Tribunal nº 20, y más allá de lo que dice hoy el Gobierno, tratando de encubrir esta estrategia, se advierte una clara intención de reclutar, en poblaciones marginales, lo que algunos llaman una fuerza de choque. Si esta intención llegara a plasmarse, la gravedad del asunto sería, sin duda, terrible.

Uno alberga la esperanza de que todo esto haya sido un error lamentable, una tontería, pura demostración de banalidad y frivolidad, y que sea superada por rectificaciones del caso. De lo contrario, asumir que la estrategia que lleva adelante el Gobierno con la población carcelaria se encarna en el “Vatayón” Militante, nos pone prácticamente a las puertas de una tragedia institucional.

©pepeeliaschev 
Emitido en Radio Mitre