Buenos Aires, 13 de abril de 2014 - Fue un hombre de Sergio Massa, Santiago Cantón, ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien tuvo que recordar esta semana que la libertad de expresión y la propiedad de los medios se debe regular 'con criterios democráticos', y no como forma de 'persecución contra las voces críticas'.

Cantón señaló que 'esta conversación dentro de poco tiempo tal vez carezca de sentido por los cambios tecnológicos'. Pero para Cantón, tanto en la Argentina como en Venezuela o Ecuador, los problemas de la libertad de prensa exceden las leyes dictadas en esos países. 'En la Argentina el ataque y la amenazas a los medios fueron antes, durante y después de la ley de medios, el problema más profundo y tiene que ver con la madurez de las democracias', aseguró. 

Pero Cantón no estaba hablando desde el Puerto de Frutos, Tigre, sino en el ámbito de la reunión semestral de editores de diarios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sesionó en la caribeña Barbados, un país independiente. 

Lo interesante es que, 24 horas después de su ponencia en la SIP, lo ubiqué a Cantón ya en Washington, y lo entrevisté en mi programa de Radio Mitre. Fue el mismo día que Cristina Kirchner organizó desde Tecnópolis su enésima 'cadena' nacional de radio y TV. Mi pregunta a Cantón fue premeditada, a sabiendas de su relación con Massa: ¿estaría dispuesto Massa a firmar con sus competidores en las presidenciales de octubre de 2015 un compromiso civil estricto, juramentándose a que, en caso de llegar a la Casa Rosada no haría uso de la cadena, de manera tan ilegal como se ha hecho hasta ahora, limitándose sólo a situaciones verdaderamente excepcionales y de urgencia institucional? 

En verdad, yo me había hecho la pregunta de manera retórica, al aire, aludiendo a Massa, así como a Daniel Scioli, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Hermes Binner y Julio Cobos. 

Imaginaba una sencilla pero austera ceremonia durante la cual todos ellos prometieran cumplir con ese sencillo pero decisivo mandato. 

La SIP tomó nota

Desde Washington, Cantón me escuchaba y cuando se inició la entrevista, me atajó de entrada: 'lo estaba escuchando antes de su llamada hablé ya con Massa y me autoriza a decirle que, efectivamente, está listo para poner su firma en ese compromiso'.

En la reunión de la SIP las alusiones al caso argentino fueron durísimas. La SIP tomó nota de que el gobierno argentino gastó 120 millones de dólares en publicidad oficial sólo el primer semestre de 2013, asegurando que 'empresas periodísticas cercanas al oficialismo fueron premiadas con altos porcentajes del paquete publicitario que no guardan relación con los niveles de sus audiencias. 

Paralelamente, medios que resguardan su independencia editorial recibieron porcentajes ínfimos de pauta'. Según el comunicado de la SIP, 'los medios no alineados con el oficialismo sufrieron la exclusión de las partidas publicitarias estatales junto a un boicot de anunciantes privados promovidos por el Gobierno' y agrega que '2013 fue el año en que la prensa independiente sufrió el golpe económico más duro desde el regreso de la democracia en 1983, a raíz de la retracción publicitaria de sus principales anunciantes'. ¿Conclusión? El clima para el ejercicio del periodismo sigue siendo adverso en la Argentina. Según la SIP: 'el gobierno argentino ha montado un gigantesco aparato mediático paraestatal, a través de medios públicos o empresas periodísticas privadas alimentadas por la pauta oficial o beneficiadas con otras concesiones, dedicado a deslegitimar al periodismo crítico'. 

¿Qué razones esgrimen los editores de diarios? 'La información plural que pide la Corte sigue estando amenazada en el país. El gobierno no ha dejado de hostilizar, con particular intensidad desde hace seis años, a las voces críticas. Los recursos públicos se emplean para disciplinar y seducir medios, multiplicando las empresas periodísticas que avalan el discurso oficial. 

Una ley de acceso a la información pública sigue siendo una aspiración plasmada en proyectos ignorados por el oficialismo'. Se trata, agrega, de un modelo de distribución de la publicidad oficial 'que desconoce fallos judiciales de la Corte Suprema que lo obligan a hacerlo respetando pautas objetivas y razonables'. 

La situación de los medios en la Argentina se convirtió en un tema aun más acuciante tras la última cadena nacional, descerrajada desde Tecnópolis esta semana. Además del desarbolado discurso presidencial, se transmitió un varieté de rap hip-hop, stand-up, y algunas escenas de música folclórica. 

La regulación

En la Argentina, el uso de la cadena nacional está regulado por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada por el Gobierno y sancionada en 2009. 

Ese artículo dice que 'el Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional (sic), disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios. El uso de la cadena nacional estaba contemplado en el decreto-ley 22.285 de la dictadura, promulgado en 1980, cuyo artículo 72 estipulaba que los titulares de servicios de difusión estaban obligados a transmitir sin cargo cadenas nacionales, regionales o locales que dispusiera el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), antecesor de la actual AFSCA. 

No aportaba razones argumentales. Era así, y punto. ¿Qué situación grave, excepcional o de trascendencia institucional estaba en juego esta semana cuando la programación de todas las estaciones de radio y TV fue interrumpida para emitir esa penosa movida supuestamente cultural, desde Tecnópolis, incluyendo los pésimos chistes y el rap incomprensible de un tal Mustafá Yoda?

© Pepe Eliaschev
Publicado en Diario Popular