Buenos Aires, 20 de abril de 2014 - Si ladra y mueve la cola, es un perro. No hay vuelta que darle. ¿Por qué ahora los piquetes son censurables, si hasta ayer a la mañana eran intocables? Habrá sido la realidad económica o el inexorable fin de ciclo, pero el cambio de discurso del gobierno es portentoso.

No asombra, sin embargo. Era previsible, considerando la historia y los antecedentes de los protagonistas del poder. El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por el kirchnerismo para regular y acotar el impacto de los infernales piquetes cotidianos que atormentan la vida cotidiana de toda la zona metropolitana, exhibe el fresco desparpajo de quienes nunca asumen su propia historia.

El trágico junio de 2002, cuando oficiales de la Policía Bonaerense asesinaron en Avellaneda a los militantes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, marcó la época para siempre. Crimen abominable y particularmente estéril, esa matanza reveló como nunca la bárbara brutalidad que campeaba en la principal fuerza 'de seguridad' del país. Nada volvería a ser igual. Doce años después, con los autores materiales detenidos, juzgados, condenados y presos, la Argentina política se convirtió en escenario de un mandato hecho dogma. Once meses después de aquellos crímenes, llegó Néstor Kirchner a la Casa Rosada. Aquel 25 de mayo de 2003, desde Plaza de Mayo, silabeó: '¡Volvimos!'. ¿Quiénes habían vuelto? ¿Los que echó Perón de la Plaza en 1974, tachándolos de imberbes y estúpidos? ¿O los que se quedaron en lugar, indignados con 'la soberbia armada' de los Montoneros?

Han sido doce años de un discurso monótono, una letanía ritual. Todo un paquete de consignas y explicaciones 'a la carta' fue puesto en circulación. ¿Sus lemas? Donde hay una necesidad, siempre hay un derecho. Protestar nunca puede ser un crimen. El reclamo popular jamás debe ser procesado por la justicia ordinaria. Desde 2003, habiendo advertido el kirchnerismo que la matanza de junio de 2002 era un estigma indeleble, el modo de operación del gobierno sería meticuloso. Las fuerzas de seguridad fueron desplazadas del control de las calles. Los cortes, en lugar de ser -al menos- encapsulados, pasaron a ser protegidos y escoltados por los uniformados. Hasta la bronca con sus profesores (o las ganas de ratearse) de dos docenas de adolescentes, ameritaría cortar una calle sin temer nada. Manifestaciones puntuales de no más de 100 personas eran acordonados por 50 policías, aunque cortaran el tránsito y les pudrieran la vida a millares de empleados procurando ir a trabajar o volver a sus casas. El corte devino palanca extorsiva perpetua y, lo que es más terrible, exitosa. Para envenenarle la vida a Mauricio Macri, para citar un caso, se permitió infinidad de veces que las ya de por sí atosigadas vías de circulación rápida de la ciudad (autopistas Illia y Dellepiane, General Paz) fueran cortadas sin cesar durante años, por grupos de pobladores que reclaman de todo y ya mismo: cloacas, urbanización, planes y luz.

Caso único el de la Argentina; fue el poder estatal el que dictaminó que violar las normas era preferible a hacerlas cumplir. Fue una secuencia lógica, o al menos coherente. Si el Congreso Nacional había aprobado, de pie y a los gritos, el default de diciembre de 2001, que la Argentina sigue hoy padeciendo, ¿por qué no habría de autorizarse que cualquier minoría audaz y resuelta, hiciera lo que se le antojara en calles, avenidas y propiedades? El culto reverencial a la anormalidad fue la religión gobernante. La Argentina santificó con total naturalidad que la frontera internacional con Uruguay fuese cortada por un piquete ambientalista durante ¡cuatro años! Néstor Kirchner proclamó desde Gualeguaychú que ésa era una causa nacional.

Sólo la paciencia infinita y pachorrienta de los uruguayos evitó males mayores. Ya en 2010, el kirchnerismo les soltó la mano a los piqueteros de Gualeguaychú. Jamás pudo nadie documentar de manera seria que la fábrica de pasta de celulosa de Fray Bentos amenazara el equilibrio ecológico de la costa argentina, bastante más enchastrada en cambio por las secuelas de los recitales del Indio Solari. Pero ahora todo cambia. Con la misma y endurecida piel, una confesa admiradora del dictador soviético Stalin, Diana Conti, y un incandescente defensor de la 'suma del poder público' con la que se atrincheró Rosas en el siglo, Carlos Kunkel, han salido a defender un proyecto emanado de la Presidenta.

¿Es moneda legítima o es mercadería trucha? El problema con la moneda fraudulenta es que intoxica a todo un sistema. Con esa versatilidad exasperante que es su marca registrada, el kirchnerismo plantea ahora lo que hasta anoche santificaba. Al hacerlo, se apodera de un argumento, que si hubiera sido planteado por otros, sería condenado al más grande escrache de la historia argentina. ¿Qué hubiera pasado si un proyecto de ley para poner en caja el caos cotidiano de las manifestaciones callejeras hubiera sido presentado por la UCR o PRO? ¿Qué insulto no le habrían estampado desde La Cámpora o desde las falanges de Unidos y Organizados a dirigentes como Ernesto Sanz, Julio Cobos o Hermes Binner, si se hubieran atrevido a proponer, al menos, la mitad de lo que Kunkel y Conti ahora fogonean? Los hubieran pintado como gorilas reaccionarios, agrogarcas destituyentes y títeres de los 'medios concentrados'.

Así funciona la Argentina. Hasta las causas más serias y saludables pueden convertirse en armas arrojadizas y letales. El proyecto anti piquetes del kirchnerismo no será aprobado, no de esta manera al menos. Nada pasará en un modelo condenado a ser responsable de su propia cosecha. Habrá que esperar hasta fines de 2015.

© Pepe Eliaschev
Publicado en Diario Popular